El imaginario colectivo tiene la teoría de que cualquier persona con un mero conocimiento de dos (o más) idiomas puede traducir. Pero, en realidad, esto es completamente erróneo. Un traductor no solo posee conocimientos en materia lingüística y gramatical de dos (o más) lenguas sino que también estudia durante años las técnicas que permiten realizar traducciones precisas y de calidad, y luego continúa especializándose en diversos campos.
La capacitación y estudio de un traductor no concluyen nunca. Asimismo, un buen traductor debe ser capaz de transportar desde la lengua de origen a la lengua meta la mayor cantidad de características y matices propios del texto, a fin de recrearlo íntegramente.
Cuando hay que traducir documentos jurídicos (sentencias, contratos, poderes, actas), técnicos (manuales) o contables (memoria y balance, facturas) es necesario recurrir a un traductor público especializado.
El traductor, en muchos casos, debe trabajar paralelamente, en estrecha colaboración, con abogados y escribanos. Por ejemplo, en el caso de traducción de sentencias judiciales extranjeras (divorcio y adopción) para ser presentadas ante el Consulado General de Italia, el traductor público con experiencia en este tipo de traducciones, asesora al cliente y/o al abogado para explicarle qué documentación debe solicitar al Juzgado pertinente, y aunque sea considerado redundante en nuestro país, le explica acerca de la declaración de “cosa juzgada” para que dichos documentos sean presentados exitosamente y sus traducciones no sean realizadas en vano.
En el caso de documentos como poderes o permisos de viaje, el traductor público puede mantener una comunicación con el escribano cuando así lo requiera.
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